Greg Abbott es el actual gobernador de Texas, nacido en Wichita Falls el 13 de noviembre de 1957. Antes de ser elegido gobernador en 2014, fue el Fiscal General número 50 y el que más tiempo ocupó el cargo en la historia de Texas. También sirvió anteriormente como Juez en la Corte Suprema de Texas y como Juez de Distrito Estatal. Abbott es un líder conservador fuerte que lucha por la seguridad fronteriza y la inmigración, y ha sido criticado por sus políticas antiinmigrantes. En 2020, fue nombrado «el Mejor Gobernador de la Nación». Abbott está casado con Cecilia, exmaestra y directora, quien es la primera hispana en ser Primera Dama de Texas. Están casados desde 1981 y tienen una hija adoptiva.
Durante su mandato como gobernador de Texas, Greg Abbott ha tomado varias medidas relacionadas con la seguridad fronteriza y la inmigración. Entre estas medidas se encuentran el despliegue de autobuses adicionales a la frontera en medio de un aumento de migrantes, la creación de la nueva Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, la firma de una ley que tipifica como delito estatal el cruce ilegal de la frontera, y la aprobación de una legislación que penaliza el ingreso al estado de forma ilegal. En 2021, lanzó la «Operación Estrella Solitaria», desplegando la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública en la frontera sur para detectar, repeler y arrestar a traficantes de personas y miembros de pandillas de carteles, así como detener el flujo de drogas letales hacia el estado.
Abbott también ha ordenado el envío de más autobuses con migrantes a ciudades «santuario» y ha insistido en su desafío a la Administración Biden, afirmando que Texas continuará aguantando la línea para mantener a los texanos a salvo. Estas medidas han generado controversia y han sido objeto de críticas y apoyos por parte de diferentes sectores.
La relación del gobernador de Texas, Greg Abbott, con la comunidad latina ha sido tensa debido a sus políticas antiinmigrantes. Abbott ha promulgado leyes que penalizan la entrada irregular al estado y permiten arrestar migrantes, lo que ha generado miedo en la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado. Además, ha sido criticado por su falta de respeto hacia la comunidad hispana y por su apoyo a la ley SB4, que prohíbe las denominadas «ciudades santuario» y permite a las autoridades locales detener e iniciar los trámites de deportación a quienes se encuentren en situación migratoria irregular. A pesar de esto, Abbott ha nombrado a Carlos Cascos como el primer funcionario latino del gobernador y ha contado con el apoyo de algunos líderes republicanos latinos, negros y asiáticos en su campaña para captar a los votantes de color y minorías étnicas.
La ley SB4
La ley SB4 de Texas, promulgada por el gobernador Greg Abbott, permite a la policía detener a sospechosos de ingresar ilegalmente al país y extraditarlos sin pasar por un juicio previo. Esta legislación ha generado controversia y ha sido considerada como una ley inconstitucional por el gobierno federal.
El Departamento de Justicia ha dado un ultimátum a Texas para asegurar que no aplicará la ley SB4, advirtiendo que de lo contrario demandará al estado. La entrada en vigor de la SB4 ha generado preocupación y críticas, ya que se considera que esta ley podría propiciar la discriminación racial y violar los derechos de los residentes.
La SB4 ha sido descrita como una de las leyes antiinmigrantes más severas, y se espera que afecte a la población latina en Texas. La aprobación de esta ley ha generado tensiones significativas y ha provocado alertas de viaje por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
A pesar de esto, Abbott ha contado con el apoyo de algunos líderes republicanos latinos, negros y asiáticos en su campaña para captar a los votantes de color y minorías étnicas. La comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado.
El Gobierno Federal y la disputa por la ley de migración
Para entender el contexto, el gobierno federal de Estados Unidos es la autoridad nacional que gobierna el país. Está compuesto por tres ramas distintas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, cuyos poderes están conferidos por la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno federal tiene la responsabilidad de manejar asuntos de alcance nacional, como la política exterior, la defensa, la inmigración y la aplicación de la ley.
El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, y es el encargado de dirigir la rama ejecutiva. El Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, es la rama legislativa y tiene la responsabilidad de hacer las leyes. La Corte Suprema y otros tribunales federales componen la rama judicial y tienen la responsabilidad de interpretar las leyes y la Constitución. El gobierno federal tiene la autoridad para tomar decisiones y establecer políticas que afectan a todo el país, incluyendo a los estados individuales.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enviado una carta al fiscal general de Texas reiterando la exigencia del gobierno federal para que Texas ponga fin a su bloqueo de Eagle Pass, citando el fallo de la Corte Suprema que permite a las autoridades federales aplicar la ley de inmigración. Estas medidas han generado tensión y disputas entre el gobierno de Texas y el gobierno federal.
La disputa entre el gobierno de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos ha generado tensiones significativas. Si Texas no acata la orden del gobierno federal, es probable que se intensifiquen los conflictos legales y políticos entre ambas partes. Esto podría resultar en demandas federales contra Texas, lo que a su vez podría exacerbar las tensiones y la polarización política en el estado. Además, la falta de cooperación entre Texas y el gobierno federal podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos en la frontera, lo que podría tener consecuencias negativas para la seguridad y el bienestar de la región.
Si Texas no cumple con las órdenes del gobierno federal, podría enfrentar consecuencias legales. El gobierno federal podría establecer una demanda contra Texas, lo que podría resultar en una larga batalla legal. Además, Texas podría perder fondos federales y enfrentar sanciones económicas. En el pasado, Texas ha enfrentado demandas federales por sus políticas antiinmigrantes, como la ya mencionada ley SB4, que ha sido considerada inconstitucional por el gobierno federal.
La SB4 permite a las autoridades locales detener e iniciar los trámites de deportación a personas que se encuentren en situación migratoria irregular, lo que ha generado miedo y tensión en la comunidad latina de Texas. En resumen, si Texas no cumple con las órdenes del gobierno federal, podría enfrentar consecuencias legales y económicas significativas.
