Las ONG son el nuevo objetivo en la política de represión de Daniel Ortega
AUTOR: Janet Queffelec Padrón
La represión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha profundizado en el transcurso del último año con la persecución no solo de periodistas y de dirigentes políticos – incluso de aquellos que lo acompañaron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional para el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza- sino también de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El hostigamiento se ha materializado con la cancelación de la personalidad jurídica de las ONG, tarea que ha ejecutado el Ministerio de Gobernación, amparándose en decisiones de la Asamblea Nacional, bajo el argumento de no cumplir con la inscripción obligatoria establecida en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y de supuestamente no presentar sus estados financieros señalados en la Ley General de Regulación de los Organismos Sin Fines de Lucro.
Desde 2018, cuando se registraron protestas en Nicaragua contra el gobierno de Ortega y hasta el 15 de junio de este año, un total de 469 ONG han sido canceladas, tanto internacionales como nacionales, según cifras manejadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que considera que de esta manera se están “violentando el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua”.
Cabe referir que la represión del gobierno de Ortega se manifestó abiertamente en las protestas de abril de 2018, cuando se registraron al menos 328 fallecidos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 2 de junio, cuando la Asamblea Nacional aprobó la anulación 96 asociaciones y fundaciones por supuestamente transgredir las leyes. Una de las razones que esgrimió el parlamente es que “no presentaron el registro de donaciones previas provenientes del exterior, violentando lo establecido en la ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, indica una nota publicada en la página web del órgano legislativo.
Entre las asociaciones canceladas en esa oportunidad figuraban la Fundación María Cavalleri, Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, Fundación de la mujer nicaragüense (FUNIC-MUJER),
Centro de Estudios Internacionales (CEI) y Asociación Internet de Nicaragua (AIN). Hasta la fecha, 50 ONG dedicadas a defender los derechos de la mujer han sido suprimidas, indica el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, acción que busca “ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.
Pero no solo las ONG nicaragüenses han sido objeto de represalias, sino también organizaciones extranjeras. El 24 de mayo de este año, el Ministerio de Gobernación anuló a Fundación Terre Des Hommes Italia-Onlus, Asociación Vivamos Mejor (Costa Rica), Médico Internacional E.V. (Alemania), Planting Hope INC (Estados Unidos), Proyecto Gettysburg-Leon INC (Estados Unidos) y Fundación para la Cooperación Internacional Funciona (España).
A esto se suma que el 31 de mayo se ordenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, tras cumplir 94 años de labor en ese país, institución que pertenecía a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).
Vale mencionar que el 13 de junio el Ministerio de Gobernación publicó una nueva resolución para suprimir 10 ONG internacionales de Italia, Estados Unidos y México, mientras que tres días canceló otras 17. Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asamblea Nacional tiene previsto eliminar 93 ONG próximamente.
Suprimir a la oposición
Meses antes de las elecciones presidenciales celebradas en noviembre del año pasado, Ortega ordenó el arresto de 36 líderes de la oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, empresarios y hasta disidentes sandinistas a quienes se les acusó de traición a la patria, lavado de dinero y terrorismo. Esto le aseguró la victoria en los comicios y pudo ejercer un quinto mandato a partir de enero de 2022.
Cabe recordar que Ortega gobernó por primera vez entre 1985 y 1990. Nuevamente ostentó el cargo de presidente en enero de 2007. En 2011 buscó la reelección gracias a un amparo interpuesto dos años antes que fue admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejaba sin efecto el artículo 147 de la Constitución, el cual impedía la reelección inmediata o para quien hubiese ejercido la presidencia por dos períodos.
Esta sentencia le permitió un tercer gobierno de 2012 a 2017. Gracias a la mayoría oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el parlamento, se reformó la Constitución en 2014 para permitir la reelección indefinida.
