Hoy en día hay varios pueblos que están en conflicto, ya sea porque intentan formar un Estado independiente con el apoyo de las Naciones Unidas, la OTAN y la UE o por enfrentamientos armados que obligan a poblaciones a exiliarse de su país.
Analizaremos los cuatro casos más paradigmáticos y su dependencia con organismos internacionales.
Kosovo
Kosovo fue y sigue siendo el enclave más problemático entre los Estados de ex Yugoslavia. Si bien desde 2008 tanto la ONU como algunos países de la Unión Europea reconocieron su autoproclamación como Estado independiente, hasta el día de hoy Serbia y Rusia, entre otros países de la UE, desestiman la decisión unilateral de Kosovo.
No podemos olvidar las tensiones que existieron entre la población albano-musulmana preexistente y la católica ortodoxa serbia desde que Kosovo quedó anexada a Serbia a principios del siglo XX. Entre 1998 y 1999 los habitantes albanos de Kosovo se levantaron contra la presión del entonces Estado de Serbia y Montenegro. El conflicto llegó a una resolución gracias a la intervención de la OTAN.
En la actualidad, los serbios que habitan Kosovo aún no reconocen a este país como un Estado independiente. Una de las políticas recientes más llamativas y que ponen de relevancia esta escisión es el hecho de que Serbia realizó un plan de vacunación contra la COVID-19 solo para la población serbia dentro del Estado de Kosovo.
La imposibilidad de un estado independiente: el problema kurdo
Aunque los kurdos son la cuarta etnia más grande de Medio Oriente, su lucha por un estado propio lleva más de 100 años.
La población kurda está asentada en el norte de Siria, Irán, Iraq y el este de Turquía. El tratado de Sèvres de 1920 era una esperanza para la fundación de Kurdistán, pero este proyecto quedó truncado cuando el derrotado Imperio Otomano sentó las fronteras de la actual Turquía. Este no reconocimiento de un Estado hace de los kurdos una minoría étnica en cada uno de los países en los que están asentados.
Recientemente, una de las políticas que afectó a los kurdos fue la retirada de Estados Unidos de Siria en 2019. Esto se tradujo en ofensiva turca, que fue rechazada tanto por la OTAN como la UE. La política turca desde comienzos del 2000 ha sido la de reprimir los derechos de cualquier minoría, incluidos los kurdos, llegando a intensificar sus ataques fuera de sus fronteras.
La región ocupada por los kurdos buscó instaurar su Estado a través de partidos políticos, siendo el primero el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (1948). Posteriormente, en 1978, surgió el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo durante las décadas de los 70 y 80, la presión kurda fue en aumento, pero cada levantamiento fue reprimido.
Si bien los eventos armados posteriores a la Guerra del Golfo pasaron desapercibidos para los Estados occidentales, los kurdos consiguieron tener protagonismo al aliarse a Estados Unidos en la Guerra de Iraq (2003). Esto permitió que los kurdos tuvieran un protagonismo inesperado en las elecciones de 2005, dando lugar a una coalición política con la Alianza Unida Iraquí y una participación dentro de la reforma constitucional. Esta nueva Constitución da a la Región del Kurdistán el estatus de región federal.
En el mismo año, 2003, los kurdos asentados en Siria fundaron el Partido de la Unión Democrática (PYD). Bajo su ala está la formación armada Unidades de Protección Popular (YPG), que también tiene vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en Turquía. A diferencia del PKK, que está vetado como partido político en Turquía y catalogado como organización terrorista por la UE y Estado Unidos, la YPG está bien considerada por Estados Unidos al ser un aliado fundamental contra el terrorismo yihadista. Los kurdos tuvieron un gran protagonismo en la defensa ante el crecimiento del Estado Islámico desde 2013.
Rohinyas y limpieza étnica en Myanmar
Los rohinyás son una minoría étnica musulmana que desde 2017 sufre la violencia del Estado de Myanmar. De acuerdo con la ONU, este grupo es víctima de una limpieza étnica que los ha obligado a trasladarse a Bangladesh. Actualmente, muchos de ellos están atrapados en Rakhine, provincia fronteriza con Bangladesh. El principal problema es que el Estado budista de Myanmar no reconoce a los rohinyás como etnia. Las Naciones Unidas han solicitado a Myanmar reconocer sus derechos como ciudadanos (derecho que no poseen desde 1982) y el libre movimiento.
Esta repudia del antigua estado de Birmania comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe al apoyo que los rohinyás brindaron a los británicos, mientras que los budistas de la región estuvieron del lado de Japón. Gran Bretaña no dio a los rohinyás el Estado prometido, lo que puso a los rohinyás en la incómoda situación de no ser reconocidos como etnia, sino como producto de la colonización.
La postura de las Naciones Unidas en lo que califican como limpieza étnica se acentuó en 2017 cuando varios asentamientos rohinyás fueron atacados con incendios, violaciones, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. En 2018 la ONU catalogó las acciones de Myanmar como un “intento de genocidio”. La política y controversial activista Aung San Suu Kyi rechazó estas acusaciones en el juicio llevado a cabo de 2019.
En noviembre de 2020, la Corte Penal Internacional aprobó una investigación sobre estos hechos. Hoy, Myanmar vuelve a estar en la mira por su escasa eficacia en la transición democrática y el silencio en torno al éxodo rohinyás.
Tigray, un conflicto en ciernes
La región norte de Etiopía, Tigray, tuvo una fuerte influencia política en el país a través del Frente de Liberación Popular de Tigray. Tras años de represión, en 2018 su representante, el Primer Ministro Hailemariam Desalegn, se vio obligado a dimitir. Cuando Abiy Ahmen, nuevo primer ministro, puso fin al conflicto con Eritrea, el TPLF decidió separarse de las iniciativas del gobierno. Esta medida lo llevó a ser galardonado en 2019 con el Premio Nobel de la Paz.
El TPLF el pasado año llevó a cabo unas elecciones ilegítimas que desencadenaron la ofensiva del gobierno y un clima de guerra sobre la región. Tanto la UE como la ONU expresaron su preocupación por los abusos cometidos y los inminentes crímenes de guerra.
La crisis se agudiza también para los eritreos, quienes intentan huir a los campos de refugiados de Tigray para encontrar un panorama de violencia en el que no son aceptados. El TPLF acusa a los eritreos de haber enviado ayuda al gobierno de Abiy Ahmen y, bajo esa premisa, están retomando la ofensiva hacia los eritreos. La iniciativa de Tigray ante este hecho fue trasladar nuevamente a los refugiados a la zona de guerra de Eritrea. La ONU además cuenta con un amplio registro de denuncias de asesinatos y desapariciones entre los refugiados.
Mientras la ONU apoya la afirmación de Abiy Ahmen de que no hay tropas eritreas en Tigray, Estados Unidos manifestó tener pruebas de lo contrario.
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