AUTOR: Janet Queffelec Padrón
El colapso en la estructura del gobierno y de instituciones como el parlamento o el sistema judicial, así como la grave crisis política, social y económica, han llevado a los analistas a hablar de un Estado fallido o de un Estado frágil en Haití.
El Índice de Democracia de The Economist -establecido desde 2006 en 165 Estados independientes y dos territorios- refleja con mayor precisión el grado de descomposición institucional y política en Haití. Este índice muestra cuatro categorías: democracia plena, democracia deficiente, régimen híbrido y régimen autoritario, tomando en cuenta el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación y la cultura política, y las libertades civiles.
En 2020, Haití mostraba un índice de 4,2 y un año después bajó a 3,48 pasando de la categoría de régimen híbrido a régimen autoritario, lo que representa un deterioro significativo que se profundizó en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse por hombres armados, mientras se encontraba en su residencia. Su muerte se produjo cuando faltaban dos meses para las elecciones presidenciales y legislativas (fijadas para el 26 de septiembre), fecha en la que Moïse pretendía hacer un referéndum para la aprobación de una nueva Constitución.
De acuerdo a este Índice de Democracia, Haití ocupó en 2021 el puesto 119 con un puntaje de 3,48. Esta nación obtuvo 3,08 puntos en la categoría de proceso electoral y pluralismo, cero puntos en funcionamiento de gobierno; 2,78 en participación; 6,25 puntos en cultura política y 5,29 en libertades civiles.
Cuando se acerca el primer aniversario del magnicidio, encontramos que el asesinato de Moïse aún no ha sido esclarecido, mientras que apenas 10 senadores están activos en el Parlamento y el sistema judicial prácticamente está paralizado porque los jueces y abogados no pueden llegar a los juzgados que están ubicados en zonas dominadas por bandas criminales.
Cabe referir que el sistema judicial se encontraba inoperativo tras la muerte en junio del año pasado de su presidente y que la crisis se acentuó aún más con el asesinato del mandatario nacional Jovenel Moïse.
Hay que recordar que la presidencia de Moïse también estuvo marcada por la inestabilidad. Cinco meses antes de su asesinato, el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití dictaminó que su mandato había expirado en el mes de febrero, pero el mandatario se negaba a abandonar el cargo, argumentando que su gobierno de cinco años finalizaba en 2022, ya que su presidencia inició en febrero de 2017.
Población desasistida
La crisis en Haití ha sido permanente en las últimas décadas, lo que ha llevado a 4 millones de haitianos a requerir asistencia alimentaria urgente, mientras que más de un millón de personas padecen de hambre severa, según un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos.
Haití es uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. Un informe del Banco Mundial de 2020 señalaba que 60 % de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras que 24 % estaba en pobreza extrema.
Luego del huracán Matthew en 2016, se registró una pérdida de 32 % en el Producto Interno Bruto, mientras que en 2010 la caída fue de 120 % tras el terremoto. En agosto de 2021, la nación fue azotada por un huracán de magnitud 7,2 que agravó aún más la inestabilidad en la nación.
Elecciones aplazadas
Para mediados de agosto de 2021, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció un nuevo calendario que fue dado a conocer por el primer ministro Ariel Henry, con lo cual las elecciones presidenciales, parlamentarias, así como el referéndum constitucional, que estaban fijadas para el 26 de septiembre, fueron aplazadas para el 7 de noviembre.
Siete semanas después, el 28 de septiembre, el primer ministro despidió a los nueve integrantes del CEP, al tildarlos de partidistas, en cumplimiento a un decreto publicado dos días antes en una gaceta oficial. Cabe referir que el expresidente Moïse había nombrado en 2020 a un nuevo Consejo Electoral, ya que el anterior se oponía a su intención de llamar a un referendo para la redacción de una nueva Constitución
El 11 de septiembre de 2021, el primer ministro Ariel Henry firmó el Acuerdo de Gobernanza Pacífica y Eficaz entre el gobierno interino y 170 organizaciones políticas y de la sociedad civil. En un comunicado, Henry detalló que el acuerdo para la estabilidad política serviría para convocar unas elecciones “incluyentes, honestas y democráticas”, al tiempo que ratificaba que contribuiría con “el restablecimiento de un clima de seguridad y estabilidad política» en Haití.
Además, se acordó la apertura de un departamento para control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de los convenios alcanzados, por lo que una de las primeras medidas fue ordenar la reestructuración del gabinete y la conformación de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución, la cual iría a referéndum en febrero de 2022. Estos acuerdos debían ser llevados a la práctica antes del llamado a nuevas elecciones.
Allí también se indicaba la necesidad de combatir a los grupos armados o pandillas, así como la liberación de los presos políticos. Nada de esto se cumplió y las elecciones presidenciales y legislativas, así como el referéndum constitucional, se han postergado de manera indefinida.
En enero de este año, el primer ministro se comprometió, una vez más, a convocar elecciones. Incluso prometió que a mediados de este 2022 habrá una nueva Constitución y la realización de comicios. «Es casi seguro que para el 7 de febrero tendremos una Asamblea Constituyente y un Consejo Electoral Provisional», dijo el 25 de enero, pero su oferta no se hizo efectiva.
En marzo de 2022 se registraron nuevamente protestas sociales por la inacción del gobierno ante las bandas armadas que participan en secuestros, robo y extorsión.
