Autor: Janet Queffelec Padrón (Periodista)
Nicaragua, que soportó por cuatro décadas -entre 1937 y 1979- la férrea dictadura de la familia Somoza, vuelve hoy a enfrentarse a un gobierno de corte autoritario y represivo.
Su presidente, Daniel Ortega, quien combatió con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y fue coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua una vez derrocado Anastasio Somoza en 1979, ha sido señalado de dictador hasta por sus excompañeros de armas.
El talante autoritario del presidente Ortega ha estremecido a Nicaragua especialmente en el mes de junio, cuando fueron arrestados dirigentes políticos, periodistas, empresarios y hasta disidentes sandinistas a tan solo cinco meses de las elecciones presidenciales pautadas para noviembre de 2021, evento en el cual el mandatario aspira ser reelegido por cuarta vez.
Hasta el 25 de junio, 21 personas habían sido detenidas por la Policía Nacional que es dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega.
Este cuerpo policial ha indicado en sus comunicados que a los arrestados se les ha aplicado el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley No. 1055 y que fue aprobada el pasado diciembre.
Este artículo ha generado el rechazo de líderes políticos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general porque permite la detención de los ciudadanos que puedan estar involucrados en “la realización de actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación, incitación a injerencias extranjeras en asuntos internos, solicitud de intervenciones militares, organización con financiamiento de potencias extranjeras para realizar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y administrar bloqueos económicos, comerciales y financieros de operaciones contra el país y sus instituciones, exigir, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Pero no solo se les acusa de traición a la patria, sino que les imputan otros delitos graves como lavado de dinero y terrorismo.
Entre los detenidos figuran cinco precandidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que Ortega pretende ser reelegido para un cuarto mandato. Se trata de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien cumple arresto domiciliario; el periodista Miguel Mora; el politólogo y aspirante presidencial por la Coalición Nacional, Félix Maradiaga; el economista y candidato por Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro; y el exembajador Arturo Cruz.
En la lista de arrestados se encuentran el periodista deportivo Miguel Mendoza y María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente Arnoldo Alemán y exdiputada que fue destituida de su cargo en noviembre de 2020 por el Partido Liberal Constitucionalista, así como el político opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, también hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Igualmente han sido apresados Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción (Banpro); Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro; José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada; y Violeta Granera, dirigente opositora de Unidad Nacional Azul y Blanco.
Asimismo, han sido puestos tras las rejas varios disidentes sandinistas que abandonaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por sus diferencias con Daniel Ortega. Estos líderes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), que pertenecieron al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y que fueron capturados en las últimas semanas son la exguerrillera Dora María Téllez; la presidente de Unamos, Suyen Barahona Cuan; el vicepresidente de la organización política y general en retiro, Hugo Torres, y las activistas Daysi Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil.
De igual forma, fue apresado el sandinista Víctor Hugo Tinoco que se desempeñó como vicecanciller entre 1979 y 1990; y el excanciller y dirigente del bloque opositor Coalición Nacional, José Pallais.
El 23 de junio, Daniel Ortega justificó las detenciones al señalar que los precandidatos y dirigentes apresados eran “criminales” que buscan derrocar a su gobierno.
«Están gritando los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, que estén procesados, y lanzando campañas en contra de Nicaragua (…) Allí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”, expresó en un acto público.
Condena a la violación de derechos humanos
Vilma Núñez, fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) no duda en calificar de dictatorial al gobierno de Ortega.
“Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos”, declaró a BBC el 28 de junio de 2021, a la vez que aseveró que al menos el 70% de los nicaragüenses rechaza al gobierno.
“La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista”, remarcó.
Mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió en junio de 2021 sobre “un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos» en la nación centroamericana, al tiempo que señaló que las detenciones arbitrarias “alejan la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre».
Su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevó a que 59 países firmaran una declaración conjunta donde condenaron la violación de los derechos humanos y exigieron la liberación de los ciudadanos apresados por el presidente Ortega.
Mientras que 26 países apoyaron una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se demanda la excarcelación de los dirigentes políticos y la posibilidad de la observación electoral para los comicios de noviembre.
Igualmente, en el mes de junio la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea Gacki, declaró que “las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda».
El departamento del Tesoro de Estados Unidos ha respondido con la imposición de sanciones a la hija de Ortega (Camila Ortega Murillo); contra Leonardo Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, Edwin Castro, diputado de la Asamblea Nacional, y Julio Rodríguez, director del Instituto de Bienestar Social Militar.
Ya en noviembre de 2018, el expresidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva que señalaba que el gobierno presidido por Daniel Ortega representaba una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».
La reelección como medio para aferrarse al poder
Ortega gobernó por primera vez entre 1985 y 1990. Nuevamente ostentó el cargo de presidente en enero de 2007, tras ganar las elecciones en noviembre del año anterior.
En 2011 buscó la reelección gracias a un amparo interpuesto dos años antes que fue admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejaba sin efecto el artículo 147 de la Constitución, el cual impedía la reelección inmediata o para quien hubiese ejercido la presidencia por dos períodos.
Esta sentencia le permitió un tercer gobierno de 2012 a 2017. Gracias a la mayoría oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el parlamento, se reformó la Constitución en 2014 para permitir la reelección indefinida, otorgando además amplios poderes al presidente al darle la facultad de emitir decretos con fuerza de ley.
Cabe referir que la represión del gobierno de Ortega se manifestó abiertamente en las protestas de abril de 2018, cuando se registraron al menos 328 fallecidos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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