Por Janet Queffelec Padrón (Periodista)
Concebido para auxiliar financieramente a países con dificultades en sus balanzas de pago, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es objeto de profundas discusiones entre defensores y detractores sobre la eficacia de sus orientaciones en materia de políticas macroeconómicas.
En su página web oficial, el FMI señala que su misión es ofrecer “respaldo financiero a los países afectados por crisis, con el fin de darles margen de maniobra para implementar políticas de ajuste orientadas a restablecer la estabilidad y el crecimiento económico”, así como “financiamiento precautorio a fin de prevenir crisis y como un seguro contra estas”.
Hay tres mecanismos que usa el FMI. Uno, es la supervisión y asesoramiento, mediante medidas de ajustes, tras una evaluación de la situación económica del país. Segundo, la asistencia técnica en cuanto a las políticas fiscales, monetarias y cambiarias que se van a implementar. Y tercero, la asistencia financiera.
Ante las críticas de ciertos analistas, en cuanto a que en muchos casos la intervención de dicho organismo acrecienta las desigualdades y dificultades en las naciones que recurren a sus severos ajustes porque golpean a los sectores sociales más vulnerables, el FMI se ha defendido al señalar que tales servicios solo se activan, una vez que el país interesado se compromete a poner en marcha los ajustes y medidas sugeridas, a través de una carta de intención que puede ser rechazada o aceptada por la organización multilateral.
De acuerdo con esta premisa, recae en los gobiernos la responsabilidad de llevar a buen término las condiciones establecidas en los programas. No obstante, los especialistas apuntan a que las exigencias y términos demandados por el FMI se aplican por igual a todos los países, sin tomar en cuenta sus particularidades económicas ni sociales, a la vez que en diversas ocasiones los niveles de pobreza aumentan.
Paquetazos y estallidos sociales
En este sentido, vale mencionar algunos casos relevantes de esquemas del FMI en América Latina que han estimulado estallidos sociales y el rechazo popular, como, por ejemplo, la protesta conocida como El Caracazo registrada entre febrero y marzo de 1989 en Venezuela, tras la aplicación de un paquetazo económico por parte del expresidente Carlos Andrés Pérez, bajo orientación del organismo.
Este paquete incluía medidas de ajuste estructural de corte neoliberal, como aumento de la gasolina, liberación de precios, eliminación del control de cambio, incremento de las tarifas de los servicios públicos y congelación de cargos en la administración pública, entre otras.
También hay que mencionar la protesta social de 2003 en Bolivia, conocida como El Impuestazo, luego que se llegara a la firma de un acuerdo con el FMI por 250 millones de dólares con la condición de aplicar estrategias neoliberales como privatización de empresas públicas y las relacionadas con la explotación de recursos naturales. Estas políticas de ajuste causaron estallidos sociales en La Paz y El Alto, dejando el sado de más de 30 muertos.
Más recientemente, en octubre de 2019, Ecuador registró violentas protestas luego que suscribiera un acuerdo con el FMI que establecía la eliminación del subsidio a los combustibles, una reducción de hasta 20 % en los salarios en los contratos temporales del sector público y una disminución del periodo de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos, entre otras.
Esto llevó al presidente Lenin Moreno a declarar un estado de excepción y revocar el decreto de eliminación del subsidio. Tal acuerdo fue sustituido por un plan de ayuda general en septiembre de 2020 por un monto de 6.500 millones de dólares que se ejecutará en 27 meses, el cual estipula un periodo de reembolso más largo y mayor apoyo del FMI para ayudar a Ecuador a llevar a cabo reformas estructurales a mediano plazo.
Brasil encuentra la estabilidad económica
Cabe señalar que en América Latina también se han dado modelos exitosos en la aplicación de medidas del FMI. Este es el caso de Brasil que en septiembre de 2002 alcanzó un acuerdo de estabilidad económica y asistencia financiera para un préstamo de 30.000 millones de dólares, durante la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Este acuerdo se mantuvo una vez que asumió la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, pero dos años después su gobierno anunció que no lo renovaría, en vista de las excelentes perspectivas de la economía brasileña.
El convenio con el FMI sumaba en total 41.700 millones de dólares, de los cuales Brasil solo utilizó 26.230 millones de dólares. En su momento, Lula da Silva manifestó que la economía de su país se había recuperado en 24 meses y el acuerdo ya no era necesario, lo que llevó al FMI a declarar que las políticas económicas implementadas por la nación habían permitido la restauración de la estabilidad macroeconómica y favorables condiciones de crecimiento.
Argentina abre proceso de renegociación
Argentina ha recurrido varias veces al FMI en busca de préstamos que permitan aliviar sus obligaciones financieras. Así lo hizo en la década de 1980, por ejemplo, cuando aceptó la receta neoliberal de las privatizaciones y programas de austeridad. No obstante, esto no fue suficiente para detener el deterioro de su economía, con fuga de capitales e hiperinflación, llevando al incumplimiento de pagos de su deuda.
Las condiciones empeoraron a finales de la década de 1990 con mayores índices de desempleo y pobreza.
A partir de 2000 vino una mayor recesión, a pesar de ingentes préstamos del FMI, incrementándose la pérdida de empleos, además de ocurrir un acceso restringido de los ahorristas a sus cuentas bancarias, proceso que se conoció como “corralito”.
A esto se sumó el incumplimiento por parte del FMI de un desembolso de 1,3 mil millones de dólares, lo que provocó una crisis política a finales de 2001, cuando en apenas dos semanas Argentina tuvo cinco presidentes.
Al asumir el poder en 2003, Néstor Kirchner señaló al FMI como el primer causante de la crisis en su país, llegando a cancelar dos años después la totalidad de la deuda con el organismo multilateral.
Pero al ganar Mauricio Macri la presidencia en 2015, el país retomó las recetas del FMI. Tres años después llegaría a un acuerdo stand by para un préstamo de 50 mil millones de dólares, que finalmente se sellaría en alrededor de US$57.000 mil millones.
La meta del acuerdo establecía una reducción de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, reducción del déficit federal y el pago de compromisos con los acreedores. Para ello, se perfilaron en una carta de intención con el FMI unas medidas monetarias, bancarias y fiscales que establecían recortes en el gasto público y otras medidas de austeridad.
Ello trajo un aumento del desempleo de 9,6 % a 27 %, la devaluación del peso y una disminución de la actividad industrial con el cierre de 4.800 pymes.
Este acuerdo stand-by con el FMI fue puesto bajo la lupa por su sucesor Alberto Fernández, quien anunció que no se solicitaría el desembolso del último tramo del préstamo con el FMI, abriéndose un proceso de renegociación y de conversaciones para definir un programa económico que permita la sostenibilidad macroeconómica que ayude a reducir la inflación, impulsar las exportaciones y las inversiones privadas, entre otros aspectos, según se desprende de un comunicado del Fondo de fecha 25 de marzo de 2021.
Cabe referir que la deuda externa de Argentina suma 323.065 millones de dólares, lo que representa casi un 90 % de su Producto Interno Bruto. De este monto, alrededor de 52.000 millones de dólares corresponden a deuda con el FMI que tendrá que cancelar hasta 2024, con vencimientos desde este año.
En este contexto, el pasado 9 de abril el presidente Fernández ordenó a la Procuraduría del Tesoro Nacional a que se constituyese como querellante en representación del Estado, para investigar si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.
El mandatario argentino considera que dicho endeudamiento con el FMI representa “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
En marzo pasado, el organismo multilateral destacaba en una declaración las reuniones con el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, para definir “un plan económico que podría estar respaldado por un nuevo programa del FMI”, llegando a “un entendimiento común respecto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso”.
Perú alcanza un crecimiento sostenido
En 2008, Perú mostraba un desempeño positivo de la economía registrando “un crecimiento económico sólido, tasas de inflación que se mantienen en niveles moderados, una sólida posición externa, ratios de endeudamiento público en tendencia decreciente y una mejora en la mayoría de los indicadores financieros”, señala un informe publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ese año se firmaba una nueva carta de intención, a 10 años de otro acuerdo con el FMI que fijaba un proceso de reformas.
Este se presenta como ejemplo de buenas prácticas llevadas por una nación, con ajustes racionales en su economía, sin que los acuerdos con el FMI signifiquen una mayor crisis y pobreza.
El 28 de mayo de 2020, el directorio ejecutivo del FMI mostraba en su portal oficial la aprobación de una Línea de Crédito Flexible (LCF), por el lapso de dos años, que beneficia a Perú por un monto de 11.000 millones de dólares.
Es importante indicar que el mecanismo LCF fue creado en marzo de 2009, como parte de una “profunda reforma de los mecanismos de préstamos”, apunta el FMI.
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